La decisión de Apple de retirar la aplicación ICEBlock de la App Store desató una gran controversia en Estados Unidos, abriendo un debate que mezcla política migratoria, seguridad pública, presión gubernamental y el papel de las grandes tecnológicas en la sociedad.
ICEBlock permitía a los usuarios señalar en un mapa la ubicación de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enviando alertas a quienes se encontraban en un radio de unos ocho kilómetros. 
Su creador, Joshua Aaron, lanzó la app en abril como una forma de resistencia frente a las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump. En pocos meses, ICEBlock se colocó en los primeros puestos de descargas en la App Store, lo que lo convirtió en uno de los aplicativos más comentados del verano.
Pero ese éxito trajo consigo el escrutinio de las autoridades. Tras un ataque contra una instalación del ICE en Texas, en el que el atacante habría usado herramientas similares para rastrear a los agentes, la administración Trump decidió actuar. La fiscal general Pam Bondi exigió directamente a Apple la eliminación de la aplicación, y la compañía respondió de inmediato retirándola de la tienda digital. Bondi declaró públicamente que ICEBlock ponía en peligro la vida de los oficiales y que la violencia contra ellos era una línea roja que no podía ser cruzada.
Apple justificó la decisión alegando riesgos de seguridad y recalcó que el App Store debía seguir siendo un espacio “seguro y confiable”. Sin embargo, voces críticas ven en este episodio un precedente inquietante. Alejandra Caraballo, del Cyberlaw Clinic de Harvard, advirtió que este tipo de presiones podrían abrir la puerta a que el gobierno amenazara con sanciones o aranceles a cambio de eliminar aplicaciones que no le convengan políticamente.
Detrás de todo también había intereses económicos. Tim Cook, CEO de Apple, buscaba mantener buenas relaciones con Trump para evitar la imposición de aranceles a los iPhones y otros productos ensamblados en China. Cook se mostró cercano al presidente, lo elogió en varias ocasiones e incluso le regaló un lujoso objeto de vidrio con base de oro de 24 quilates, valorado en unos 100.000 dólares, durante un evento en la Casa Blanca. Muchos analistas creen que esa estrategia de diplomacia corporativa influyó en la rápida respuesta de Apple a la petición del Departamento de Justicia.
La familia de Aaron sufrió también las consecuencias. Como Apple actuó voluntariamente, el creador de ICEBlock no pudo reclamar que se violaron sus derechos de libertad de expresión amparados en la Primera Enmienda. Sin embargo, su esposa, Carolyn Feinstein, empleada del propio Departamento de Justicia, perdió su trabajo en lo que muchos interpretaron como represalia. Una ironía amarga: la misma institución que presionó a Apple castigó a una de sus trabajadoras por lo que hizo su marido.
Conviene destacar que Google nunca llegó a aceptar ICEBlock en su Play Store. Eso convirtió a Apple en la única vía de acceso al aplicativo; al eliminarlo, la empresa borró de facto toda la iniciativa. Para los defensores de los inmigrantes, fue un duro golpe contra los esfuerzos comunitarios de protección. Para los partidarios de la aplicación de la ley, en cambio, fue una medida necesaria para resguardar vidas.
El caso ICEBlock refleja cómo las grandes tecnológicas están atrapadas entre los intereses de sus usuarios y la presión de los gobiernos. Sus decisiones pueden tener consecuencias que van mucho más allá del mercado digital. La pregunta de fondo es quién debe fijar los límites de lo que se publica en las plataformas: ¿las empresas privadas, el Estado o los ciudadanos? La respuesta a esa pregunta marcará el futuro de la libertad digital y el alcance de la disidencia en la era tecnológica.