En India se libra una nueva batalla por el control del teléfono móvil. El gobierno ha ordenado a todos los fabricantes que preinstalen en cada nuevo dispositivo una aplicación de ciberseguridad de desarrollo estatal llamada Sanchar Saathi. 
Sobre el papel, la app promete ayudar a los usuarios a bloquear móviles robados, rastrear dispositivos perdidos y cortar el negocio de los celulares robados que vuelven a aparecer en el mercado gris. Pero en cuanto la medida se hizo pública, las alarmas de privacidad empezaron a sonar.
Según fuentes de la industria, Apple ya ha dicho que no piensa seguir la orden tal cual. La compañía habría comunicado a Nueva Delhi que no preinstalará Sanchar Saathi en los iPhone vendidos en el país. Su argumento es que la firma tiene una política global de no integrar por obligación apps gubernamentales en iOS, porque eso rompe el diseño cerrado de la plataforma, aumenta la superficie de ataque y, sobre todo, mina la promesa de que el usuario decide qué se instala en su teléfono.
El gobierno indio intenta rebajar la tensión con un discurso mucho más amable. El ministro de Telecomunicaciones define Sanchar Saathi como un sistema “voluntario y democrático” y recalca que cualquier persona podría desactivar sus funciones e incluso eliminar la aplicación. Sin embargo, la directiva oficial exige al mismo tiempo que el software venga de fábrica en todos los nuevos móviles y que sus funciones clave no puedan ser deshabilitadas ni limitadas. Esa contradicción entre el mensaje público y la letra pequeña es justo lo que hace saltar las alertas entre activistas y expertos en derechos digitales.
El contexto político tampoco ayuda a calmar las cosas. India vive una etapa de gobierno fuerte, con un partido en el poder al que críticos y analistas asocian con un nacionalismo cada vez más agresivo y con un apetito creciente de control sobre el espacio digital. En ese escenario, para muchos ciudadanos la idea de que una herramienta de rastreo estatal se integre de serie en cada nuevo smartphone suena menos a protección frente a ladrones y más a infraestructura de vigilancia lista para ampliarse cuando convenga.
Al mismo tiempo, nadie ve a Apple como un héroe perfecto. Desde hace años se recuerda que la compañía aceptó sin demasiada resistencia las exigencias de China, incluyendo la obligación de alojar los datos de iCloud en servidores ubicados en territorio chino y sometidos a su legislación. Quienes defienden a Apple insisten en que hay una diferencia real entre cumplir normas de localización de datos y permitir que un gobierno meta su propio software en todos los dispositivos. Según ese enfoque, lo de India es una línea roja distinta: ya no se trata solo de dónde se guardan los datos, sino de quién controla el código que corre en el teléfono.
Sus detractores, en cambio, ven en esta postura una oportunidad de marketing demasiado perfecta como para ser pura ética. Según ellos, Apple se pone duro en India porque le sale barato presentar la jugada como una defensa heroica de la privacidad, mientras en otros mercados mucho más críticos para su negocio ha demostrado ser mucho más flexible. Al final, el debate gira en torno a una pregunta incómoda: cuánto hay de principio y cuánto de estrategia en cada decisión.
Para el resto de fabricantes, la situación es igual o más delicada. Las marcas de móviles Android – desde gigantes globales como Samsung hasta socios locales de Google – tienen que elegir entre alinearse sin quejarse con las exigencias de Nueva Delhi o arriesgarse a un choque frontal con el regulador. Si aceptan todo en silencio, pueden quedar retratadas como empresas dispuestas a sacrificar la privacidad de sus clientes por tal de mantener la puerta abierta a un mercado enorme. Si se resisten, se exponen a retrasos en homologaciones, presiones administrativas y posibles represalias comerciales.
El pulso en torno a Sanchar Saathi, en realidad, habla de algo mucho más grande que una simple app. Es un caso de prueba de la cuestión clave de la era del smartphone: ¿a quién pertenece de verdad el dispositivo que llevamos en el bolsillo? Los gobiernos defienden que este tipo de herramientas son necesarias para combatir estafas, robo de móviles y delitos graves. Organizaciones civiles y especialistas en tecnología recuerdan que, una vez creado el acceso, resulta casi imposible garantizar que no se use para fines menos nobles. Lo que ocurra ahora en India con Apple y con el resto de la industria podría marcar el tono de la próxima década en la relación entre Estado, big tech y nuestra vida digital diaria.
1 comentario
Aun así, esto me suena mucho a jugada de marketing. Con China Apple fue bastante más dócil, la verdad