En Filipinas estalló un escándalo insólito: un exalcalde habría comprado una computadora por 10 millones de pesos filipinos – unos 175 mil dólares – cuando en realidad no valía ni mil. 
Las fotos del equipo se viralizaron en Facebook y Reddit y provocaron burlas y furia entre los usuarios.
La máquina, lejos de ser algo de gama alta, es un PC básico: procesador Intel Alder Lake, placa madre ASUS PRIME H610-R mATX, 16–32 GB de memoria RAM G.Skill Ripjaws, una fuente de 750W y, sorprendentemente, sin tarjeta gráfica dedicada. Incluso el disco duro estaba atado de forma precaria al frente del gabinete. En cualquier tienda de informática, un conjunto así no costaría más que unos pocos cientos de dólares.
El actual alcalde insinuó que podría tratarse de un caso de corrupción. Y muchos en internet coincidieron: ni siquiera las míticas estaciones de trabajo Silicon Graphics de los 90 costaban semejante fortuna. Para la mayoría, el verdadero truco no fue contra el alcalde, sino contra los contribuyentes, con facturas infladas para justificar el desvío de fondos públicos.
Los comentaristas fueron claros: esto no es ignorancia, es un modus operandi muy común en la política. Comprar barato, declarar carísimo y quedarse con la diferencia. Una práctica conocida en lugares donde la transparencia brilla por su ausencia.
La moraleja es simple: ya sea en gobiernos o en la vida diaria, hay que comparar precios, revisar especificaciones y no confiar ciegamente en un recibo. Porque a veces el verdadero ladrón no es el vendedor, sino quien firma la compra.