Google vuelve a estar en el ojo del huracán: un jurado federal en California dictaminó que la compañía deberá pagar 425 millones de dólares en concepto de daños por violar la privacidad de los usuarios. La acusación señalaba que, incluso cuando las personas desactivaban las opciones de rastreo en sus dispositivos, la empresa seguía recopilando datos. La demanda colectiva, presentada en 2020, abarca el periodo de 2016 a 2024 y representa a casi 98 millones de usuarios. 
Para muchos analistas, se trata de un fallo que marca un antes y un después en la defensa de la privacidad digital.
El punto central del caso fue la función llamada “Actividad en la Web y en Aplicaciones”. Según Google, este ajuste debía dar a los usuarios el control sobre si se guardaban o no sus búsquedas, ubicaciones y actividad en apps. Pero los demandantes alegaron que, incluso con la opción deshabilitada, la empresa continuaba recolectando información, incluyendo datos procedentes de aplicaciones de terceros. El jurado concluyó que esto constituía invasión de la privacidad e intromisión ilegítima en la vida privada.
En un inicio, los cálculos hablaban de indemnizaciones que podrían haber alcanzado los 31 mil millones de dólares. Sin embargo, la sentencia final fijó la cifra en 425 millones. Aunque el número impresiona, críticos sostienen que para Google – cuyo beneficio trimestral supera los 28 mil millones de dólares – la multa es prácticamente simbólica. La desproporción entre el castigo económico y la magnitud del gigante tecnológico evidencia, según expertos, lo difícil que resulta regular a estas empresas.
Google negó las acusaciones y confirmó que apelará. La compañía insiste en que sus configuraciones de privacidad respetan la decisión del usuario y que los datos que se recopilan, en caso de hacerlo, se anonimizan para evitar la identificación directa de personas. Además, asegura que los usuarios reciben avisos claros sobre el uso de su información. No obstante, organizaciones defensoras de derechos digitales critican que la anonimización no cambia el hecho de que la recopilación se produce aun contra la voluntad expresa de los afectados.
No es la primera vez que Google enfrenta juicios de este tipo y, con toda probabilidad, no será la última. Reguladores en distintas partes del mundo, especialmente en la Unión Europea, han endurecido sus exigencias de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, la decisión de la justicia estadounidense es vista más como un precedente que como un castigo ejemplar: abre la puerta a futuras demandas que podrían acarrear sanciones mucho más severas.
La conclusión es clara: las tecnológicas deben ser más transparentes y garantizar que las elecciones de los usuarios realmente se cumplan, y al mismo tiempo los ciudadanos deben estar atentos a los permisos que otorgan a las apps. En un escenario donde la innovación avanza a toda velocidad, los debates sobre privacidad, control de datos y poder corporativo apenas comienzan.