Ya tenemos veredicto en uno de los juicios antimonopolio más importantes contra una empresa tecnológica en décadas, y el resultado ha sorprendido a muchos. Google fue declarado culpable de mantener un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas, pero logró esquivar la sanción más temida: desprenderse de su navegador Chrome. 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) había presionado con fuerza para que el gigante tecnológico se viera obligado a vender Chrome, argumentando que esa era la única manera real de romper su dominio.
La acusación señalaba que Google no mantenía su posición únicamente gracias a la calidad de su buscador, sino sobre todo por contratos multimillonarios que aseguraban que su motor de búsqueda fuera la opción predeterminada en teléfonos, navegadores y dispositivos de todo tipo. El caso recordó inevitablemente al proceso contra Microsoft a finales de los años 90, cuando un juez incluso ordenó dividir la empresa en dos antes de que la decisión fuera revocada en apelación. Pero el juez Amit Mehta no siguió ese camino. Según explicó, el problema no residía en la propiedad de Chrome, sino en los acuerdos exclusivos que cerraban la puerta a los competidores. Forzar la venta del navegador sería, dijo, “increíblemente desordenado” y con escaso beneficio real para los usuarios. El mercado reaccionó de inmediato: las acciones de Alphabet subieron al conocerse el fallo.
En cuanto a las medidas impuestas, Google no podrá firmar contratos de exclusividad que bloqueen a rivales. Sin embargo, podrá seguir pagando enormes sumas a empresas como Apple o Samsung para que Google Search siga siendo la opción por defecto. Para los críticos, esta diferencia entre “exclusividad” y “predeterminado” es casi cosmética: la mayoría de la gente nunca cambia los ajustes iniciales, por lo que el poder de Google se mantiene prácticamente intacto.
El juez también incluyó en el fallo los productos de inteligencia artificial. Esto afecta directamente al Asistente de Google, ahora transformándose en el proyecto Gemini. Significa que las asociaciones para integrar estas herramientas en móviles y otros dispositivos también estarán bajo escrutinio. La gran incógnita es si Google deberá renegociar acuerdos ya firmados o si podrá seguir usando la estrategia de pagar miles de millones para asegurar su lugar como opción predeterminada, aunque sin exclusividad formal.
La orden judicial tendrá vigencia durante seis años, pero las apelaciones pueden alargar la batalla. Google ha evitado un golpe estructural, pero la discusión sobre lo que significa una competencia justa en la era de la inteligencia artificial apenas comienza. Chrome sigue seguro en manos de Google, pero el verdadero campo de batalla será el de la IA.
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