Elon Musk y su empresa X (anteriormente Twitter) se han negado a cooperar con las autoridades francesas, que han calificado a la plataforma como una «organización criminal». La investigación se centra en acusaciones de que X manipuló su algoritmo y extrajo datos de forma fraudulenta para influir en la política de Francia, especialmente apoyando a grupos de extrema derecha. Los fiscales franceses han involucrado a la policía para investigar la empresa y a sus colaboradores. 
Sin embargo, el equipo de Musk niega todas las acusaciones y afirma que la investigación tiene motivaciones políticas.
Este caso complica aún más las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Washington ya ha criticado a Francia, considerando que esta investigación es un ataque a la libertad de expresión y a las empresas estadounidenses. El equipo de Musk ha afirmado que la investigación viola sus derechos legales. X también se ha negado a entregar a los fiscales franceses acceso a su algoritmo de recomendaciones y a los datos en tiempo real, lo que genera preocupaciones sobre la posibilidad de vigilancia y escuchas de Musk y otros ejecutivos de X.
No es la primera vez que una plataforma de redes sociales enfrenta presiones legales en Francia. Hace un año, Pavel Durov, CEO de Telegram, fue arrestado por acusaciones similares de no haber hecho lo suficiente para evitar actividades criminales en su aplicación. Durov expresó su frustración, alegando que tales acciones están perjudicando la reputación de Francia como un país que atrae inversiones tecnológicas.
La investigación francesa ahora otorga a la policía el poder de realizar allanamientos, interceptaciones y vigilancia sobre los ejecutivos de X, o de emitir órdenes de arresto si no cumplen. Las sanciones son graves, ya que podrían enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión. A pesar de la presión, X se niega a cooperar, calificando la investigación como un intento de silenciar la libertad de expresión y reducir su influencia.
El político francés Éric Bothorel, quien inició la denuncia, asegura que la manipulación de algoritmos para interferir en las elecciones extranjeras es una grave amenaza, pero X rechaza rotundamente estas acusaciones. A medida que avanza el caso, probablemente continúen los debates sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación en la era digital, con ambas partes defendiendo sus posiciones con firmeza.