TSMC se encuentra en medio de la tormenta entre la política industrial de EE.UU. y los temores de Taiwán por su soberanía. En Washington toma fuerza un plan polémico: que las empresas que reciban fondos del CHIPS Act entreguen parte de sus acciones al gobierno estadounidense. 
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo presentó como un mecanismo para asegurar que el dinero de los contribuyentes regrese al Estado, pero para TSMC la medida podría traer consecuencias que van mucho más allá de lo financiero.
Intel, el mayor beneficiario del CHIPS Act, ya estaría negociando ceder un 10% de su capital a Washington. Samsung, Micron y la propia TSMC también están en la mira. Para la firma taiwanesa la situación es aún más delicada: siempre se ha mantenido como un fabricante neutral y global, sin ataduras políticas directas. Analistas en Taipei advierten que incluso una participación simbólica podría cambiar la percepción internacional: de empresa independiente a activo bajo control de EE.UU. No es casual que la prensa local haya calificado la propuesta como un “asalto en carretera”, insinuando una nacionalización encubierta del mayor orgullo tecnológico de la isla.
Washington insiste en que la participación no afectaría la independencia operativa. Sin embargo, críticos subrayan que en geopolítica la percepción pesa tanto como la realidad. En Taiwán, la idea de entregar acciones a un gobierno extranjero se ve como una amenaza a la autonomía de TSMC y a la posición estratégica de la isla en la industria global de semiconductores. Para EE.UU., en cambio, sería una garantía de que los miles de millones invertidos no se esfumen sin retorno.
De momento, TSMC no está obligada a aceptar este esquema y, dado el enorme volumen de inversiones que ya tiene en Arizona, algunos expertos creen que podría recibir un trato especial. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿es una política de inversión justa o simplemente otro capítulo de la guerra fría de los chips?