El gigante taiwanés TSMC está considerando devolver los 6,6 mil millones de dólares en subsidios recibidos del programa CHIPS Act para la construcción de su planta en Arizona. Esta decisión podría marcar un punto de inflexión en las relaciones de la empresa con Estados Unidos y señalar que el modelo propuesto por el presidente Trump de ‘subvenciones a cambio de acciones’ no es viable. La administración de Trump propuso tomar participación en las empresas que se beneficiaran de los subsidios del CHIPS Act, incluyendo a TSMC, Intel, Micron, Samsung y otras. La idea era que el gobierno no solo ayudaría financieramente, sino que también tomaría algo a cambio, obteniendo participación en estas empresas. 
Sin embargo, TSMC no está dispuesta a aceptar este modelo y está considerando devolver los fondos para evitar ceder acciones de la compañía al gobierno de EE. UU.
Aunque TSMC se ha comprometido a invertir miles de millones de dólares en la producción en EE. UU., la posibilidad de ceder acciones en su negocio parece poco probable por el momento. El gobierno de EE. UU. parece estar más interesado en empresas como Intel, que están pasando por dificultades financieras y podrían beneficiarse de una participación gubernamental para recuperar su imagen. Sin embargo, la situación de TSMC es diferente: la empresa parece decidida a mantener su independencia, a pesar de los acuerdos con EE. UU. El futuro de la relación entre TSMC y el gobierno de EE. UU. sigue siendo incierto, especialmente considerando la creciente cooperación entre ambas partes en los últimos meses. Ninguna de las dos partes querría arriesgar esta relación creciente debido a un desacuerdo sobre la participación en la empresa.
Dada la creciente tensión comercial y política a nivel global, especialmente con China, la decisión de TSMC de devolver los subsidios podría cambiar el rumbo de la producción de semiconductores en EE. UU. Si la empresa efectivamente devuelve los fondos, podría influir en el debate sobre hasta qué punto los gobiernos deberían intervenir en las empresas privadas, especialmente en sectores tan cruciales como la fabricación de chips. Aún está por verse cómo se desarrollará la situación, pero es claro que la cuestión de la intervención gubernamental en las empresas seguirá siendo un tema candente.