YouTube alcanzó un acuerdo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comprometiéndose a pagar 24,5 millones de dólares para cerrar la demanda presentada tras la suspensión de su cuenta en 2021. Trump alegaba que la plataforma lo había censurado injustamente, impidiéndole subir nuevos videos hasta 2023, cuando finalmente se reactivó su canal. 
Sin embargo, lo que más llama la atención no es la indemnización en sí, sino el destino del dinero.
De esa suma, 22 millones de dólares se destinarán al Trust for the National Mall, la entidad que supervisa la construcción de un lujoso salón de baile en la Casa Blanca, valorado en 200 millones de dólares. En otras palabras, la mayor parte del acuerdo no irá directamente a Trump, sino a financiar un proyecto arquitectónico cargado de simbolismo. Aunque suena insólito, la situación tiene precedentes. A comienzos de año, Meta pagó 25 millones de dólares en un caso similar y gran parte de esos fondos se dirigieron a la futura biblioteca presidencial de Trump en Miami. El patrón se repite: las tecnológicas prefieren pagar millones y canalizarlos hacia proyectos de prestigio antes que enfrentarse a procesos largos y mediáticos.
Trump lleva años insistiendo en que plataformas como YouTube, Meta y X (antes Twitter) han silenciado de forma sistemática a voces conservadoras. Las tres demandas fueron interpuestas en julio de 2021, y ya todas han sido resueltas: primero Meta, después X y finalmente YouTube. La compañía, no obstante, ha dejado claro que el pago no implica reconocimiento de culpa y que no habrá cambios en sus políticas de moderación ni en sus normas de funcionamiento. Para YouTube, el acuerdo representa más una estrategia práctica para cerrar un frente judicial que una concesión a las acusaciones de Trump.
El caso refleja un debate más amplio sobre la libertad de expresión y el poder de las grandes tecnológicas en la esfera pública. Mientras sectores conservadores denuncian censura ideológica, las empresas insisten en que solo aplican sus reglas internas. Pruebas concluyentes de una coordinación deliberada nunca se han presentado, pero la polémica sigue alimentando divisiones. Incluso fuera de EE.UU. aparecen ecos similares: el fundador de Telegram, Pavel Durov, acusó recientemente a las autoridades francesas de ofrecerle un trato judicial más favorable si limitaba contenido conservador, algo que París negó categóricamente. Estos episodios muestran que la tensión entre política y plataformas digitales se ha convertido en un fenómeno global.
Al final, queda la duda de si Trump realmente salió ganador o si todo fue simplemente un arreglo conveniente. Lo cierto es que una disputa nacida de acusaciones de censura en internet termina financiando un fastuoso salón de baile en la Casa Blanca. La ironía es evidente: de voces apagadas en la red a lámparas de cristal y suelos de mármol listos para recepciones oficiales.